La Fiscalía dio a conocer los resultados de la ofensiva nacional contra los bienes ilegales de las Bacrim.
La Fiscalía dio a conocer los resultados de la ofensiva nacional contra los bienes ilegales de las Bacrim.
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Fiscalía hizo extinción de dominio por $120 mil millones a bandas criminales

Los bienes ocupados estaban a nombre de personas cercanas a los cabecillas de las Bacrim.

La Fiscalía y la Policía Nacional incautaron 120 propiedades y cerca de 1.000 semovientes, entre bovinos, equinos y porcinos al Clan del Golfo, al entorno familiar de los hermanos Castaño Gil y a la estructura criminal Cordillera, en ocho departamentos del país.

Según el ente acusador, "las finanzas ilegales de las estructuras criminales que durante años se han lucrado del narcotráfico, la extorsión, los homicidios, entre otros delitos, fueron afectadas gracias a la articulación de esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que realizaron diligencias simultaneas de incautación de bienes en Antioquia, Tolima, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Risaralda, Magdalena y Bogotá".

Los bienes avaluados en $120.000’000.000, fueron incautados por personal de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN), y quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

 

Golpe a la Cordillera

De acuerdo con datos de la Fiscalía, Jhon Jairo Jaramillo Sánchez, alias Meme, uno de los máximos cabecillas de la estructura criminal Cordillera en el Eje Cafetero y norte de Valle del Cauca, y que murió en un ajuste de cuentas, habría intentado esconder sus bienes, sociedades e inversiones, a nombre de su más cercano núcleo familiar y un grupo de conocidos.

Los investigadores identificaron 43 propiedades que alias Meme, presuntamente, adquirió con los dineros que la Cordillera percibía por el tráfico de drogas y que servían para dar apariencia de legalidad a los recursos ilegales de los distintos cabecillas de la organización. 

Los bienes que ascenderían a $45.000’000.000 fueron ocupados en diligencias cumplidas en Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda) y Santa Marta (Magdalena). 

El emporio de alias Inglaterra

La neutralización de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, uno de los cinco cabecillas principales del Clan del Golfo, en Chinácota (Norte de Santander), en noviembre de 2017, puso al descubierto una red de corrupción que facilitaba los traslados del señalado delincuente, suministraba armamento y víveres, y compraba propiedades para legalizar los activos ilícitos de la estructura criminal.

"El mayor Héctor Fabio Murillo, quien en su momento hacía parte de la Policía Nacional, integraba ese grupo de colaboradores, por lo que fue capturado y está condenado por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por omisión. El proceso contra el oficial develó un número importante de bienes que estarían a su nombre y habrían sido adquiridos con los dineros que alias Inglaterra le entregó por su ayuda o le confió para que fueran invertidos en diversos negocios", informó la Fiscalia.

Esos bienes y otros en los que figurarían como dueños familiares y subalternos de alias Inglaterra, fueron identificados y afectados con medias cautelares de extinción de dominio que impuso la Fiscalía.

Son 42 inmuebles, 9 vehículos, 4 establecimientos comerciales, una sociedad y algo más de 400 semovientes, los cuales fueron incautados por la Dijin de la Policía Nacional y su valor comercial superaría los $50.000’000.000. Los procedimientos se cumplieron en Medellín, Jericó, Sabaneta, San Luis, Carepa, Necoclí, Dabeiba, Guarne, San Jerónimo, Sopetrán y Chigorodó (Antioquia); Ibagué y San Luis (Tolima); Cúcuta y Chinácota (Norte de Santander); y Guacarí (Valle del Cauca).

La herencia ilegal de los Castaño Gil

La Fiscalía y la Policía Nacional continúan con el rastreo de los bienes que los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, fundadores y jefes de las extintas autodefensas en Urabá y Córdoba, dejaron en manos de familiares y amigos. 21 inmuebles, cerca de 600 bovinos y 18 equinos fueron incautados como consecuencia de las medidas cautelares impuestas con fines de extinción de dominio.

Los bienes, avaluados en $25.000’000.000, están ubicados en Segovia, San Pedro de Urabá, Arboletes y Amalfi (Antioquia); Tierra Alta y Montería (Córdoba); y Bogotá. Al parecer, muchas de estas propiedades harían parte de ese denominado anillo de fincas que desde sus orígenes los grupos de autodefensas empezaron a adquirir o les arrebataron a los pobladores de Córdoba y Urabá.

Las hectáreas de tierra fueron unidas y habrían sido utilizadas como campos de entrenamiento armado o para ocultar las evidencias de los crímenes que cometieron estas organizaciones en la región. Una parte importante de los predios rurales fue obtenida desde inicios de la década de los ochenta por Fidel Antonio, el mayor de los hermanos Castaño Gil; otros bienes aparecieron años después en el patrimonio de Vicente Castaño; y cerca de 13 propiedades en Bogotá, Córdoba y Antioquia, y varias cabezas de ganado, estaban a nombre del más cercano círculo familiar de Carlos Castaño, conformado por personas jóvenes sin ninguna tradición económica, que presuntamente compraron estos bienes a otros integrantes de la familia y supuestamente los pagaron de contado. 

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